Salir de Datacredito un gran sueño de muchos Colombianos en tiempos de crísis

No se confunda. Salir de Datacredito ahora será más fácil, sin embargo, no significa que le perdonarán sus deudas. La sala penal de la Corte Constitucional le dio vía libre a la Ley de Borrón y Cuenta Nueva en las centrales de riesgo.

La aplicación de la Ley 1266 de 2008 está encaminada a regular el uso de esa información y, por tanto, otro tipo de datos (por ejemplo aquellos mantenidos en un ámbito exclusivamente personal o doméstico o los que se incluyen en una historia clínica), que se encuentran excluidos de la aplicación de esta norma.

Una vez entre en vigencia la ley, serían retirados los reportes negativos de las personas que ya se pusieron al día con sus deudas, después de que haya pasado más de medio año desde ese pago.

La ponencia estuvo en manos del magistrado Alejandro Linares, quien en su ponencia propuso la viabilidad de la ley, que permitirá que los colombianos que se pongan al día con sus obligaciones financieras en los doce meses posteriores a la sanción de la misma, sean retirados en máximo seis meses de esas bases de datos.

El proyecto de ley estatutaria pretende, entre otros, disminuir el término de permanencia de los reportes negativos en los operadores de información o Centrales de Riesgo, obligar a las centrales de riesgo a restablecer las calificaciones crediticias de los titulares de la información de manera simultánea con el retiro de reportes negativos o con la cesación del hecho que generó la disminución en la calificación.

También, obligar a las centrales de riesgo a conceder a los titulares de la información crediticia acceso gratuito e ilimitado a la misma; obligar a las fuentes de información a reportar la información negativa máximo 18 meses después de hacerse exigible la obligación respectiva; obligar a los usuarios de la información (por ejemplo, entidades financieras), a mantener las calificaciones crediticias, sin importar el número de consultas de la información disponible; facultar a la Superintendencia Financiera para imponer sanciones a los usuarios de la información que nieguen una solicitud de crédito basados exclusivamente en el reporte de información negativa del solicitante.

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